EL ESTADO ACTUAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Victoria Ortega Benito

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

RJUAM núm. 34

 

I. EL PAPEL DE LA ABOGACÍA

Tiene razón Antonio Garrigues cuando afirma que la Abogacía española compite de igual a igual, y en muchos casos con superioridad, con el resto de las Abogacías europeas, si acaso excluyendo a la británica. Buena prueba de ello es que muchos despachos españoles están entre los primeros de Europa y su trabajo es reconocido por todos. Tenemos mejores abogados en el acceso a la profesión, como consecuencia de la Ley de Acceso, y excelentes abogados que se forman permanentemente como exige nuestra profesión. Pero también es cierto que hasta hace poco, la Abogacía era una actividad casi artesanal, sin una visión empresarial y tecnológica. Sin embargo, la globalización, los rápidos avances científicos y tecnológicos, la incesante producción legislativa y los profundos cambios sociales plantean nuevos desafíos a los que el Derecho como sistema de convivencia debe dar respuesta y que exigen también de cada abogado nuevas aptitudes y una nueva actitud.

En la Abogacía estamos sufriendo una durísima competencia: si hace veinte años había en nuestro país 45.000 abogados, hoy somos 150.000 los que competimos por un mercado limitado. No hay más pleitos porque haya más abogados. Sí hay peligros o amenazas que acechan a la profesión como el intrusismo o los servicios jurídicos paralegales que pueden conducir a la inseguridad jurídica, a la mercantilización del derecho, a la oferta de servicios low cost que no garanticen calidad ni seguridad jurídica o al uso de herramientas que pueden poner en peligro la confidencialidad ele la información que manejamos y el secreto ele las comunicaciones.

La Abogacía tiene que cambiar y adecuarse a las exigencias del tiempo en que vive, pero nunca puede ser una mercadería intercambiable con otros servicios, ni un mal entendido complemento de servicios financieros o de consultoría. Desempeña una función esencial para la construcción del Estado y la defensa diaria de los derechos de los ciudadanos.

II. FORMACIÓN Y NUEVAS HABILIDADES

Los abogados y abogadas debemos desarrollar nuevas habilidades y competencias para adaptarnos a los cambios. Los despachos deben modernizarse, lo están haciendo ya necesariamente, con nuevos medios y con técnicas de marketing, comunicación o gestión para adaptarse a las necesidades de los clientes. La clave de la supervivencia radica en la búsqueda de la excelencia, con una formación constante y global, y un riguroso respeto a la deontología profesional.

La formación continua es imprescindible, porque una de las características de un buen profesional de la Abogacía es la humildad de reconocer que jamás lo sabrá todo y debe estar en permanente aprendizaje. Pero tan importante o más es la formación inicial, pues de las herramientas, habilidades y competencias que un joven adquiera en la Universidad va a depender enormemente su desarrollo profesional futuro.

La Abogacía institucional reclamó durante años -nada menos que 90- una Ley de Acceso a la profesión de Abogado. La Ley 34/2006, de 30 de octubre, no entró en vigor hasta 2011, tras una larguísima vacatio legis de cinco años. Con esta Ley -y la aprobación de su Reglamento en junio de 2011 a través del Real Decreto 775/2011-, se modificó el sistema de acceso a la profesión y se estableció como requisito la realización de un máster específico de Abogacía y un examen de acceso como paso previo a la colegiación y el ejercicio profesional.

Desde su entrada en el Congreso hasta su publicación en el BOE, la Ley sufrió diversas modificaciones, muchas de ellas a petición de la Abogacía. Así, se consiguió que solo las Universidades públicas y privadas y las Escuelas de Práctica Jurídica homologadas pudieran impartir el curso de acceso; que el profesorado esté formado al menos por la mitad de profesionales colegiados ejercientes; que se mantuviera la prueba de evaluación final y el título profesional; o que la norma recogiera una referencia expresa a la Ley de Justicia Gratuita en la exposición de motivos.

Con ser este uno de los mayores logros de la Abogacía, no estamos del todo satisfechos y estamos trabajando ya con el Ministerio de Justicia y las Universidades para que las pruebas sean eminentemente prácticas. El grado forma juristas; el máster debe formar abogados y abogadas, perfectamente preparados para defender los derechos de los ciudadanos. Y demandamos por ello una mejora del sistema de acceso para que prime lo profesional sobre lo académico. No obstante, la valoración de estos cinco primeros años de aplicación de la Ley tiene que ser positiva. Hay que cambiar algunas cosas, y la Abogacía lo está exigiendo reiteradamente, pero el sistema está logrando el objetivo fundamental: abogados mejor preparados para el ejercicio profesional.

La enseñanza universitaria debe adaptarse también a los cambios sociales, tecnológicos y científicos que estamos experimentando en nuestras sociedades y enfocarse a una formación más global, más transversal, que abarque varios campos, pues el mundo del Derecho afecta a todas las áreas de la sociedad y de la vida. Como ha escrito Antonio Garrigues en el número l00 de la revista Abogacía «El estamento jurídico español no debe estar al margen -y en gran medida lo está- de una imparable revolución tecnocientífica que ya está afectando y lo seguirá haciendo a derechos básicos de la ciudadanía y así mismo a la práctica judicial y profesional.

Las Facultades de Derecho de nuestras Universidades, y estas en su conjunto, tendrán que aceptar que ya existe un derecho tecnológico y también un derecho científico con sus propios principios y peculiaridades. Han surgido como en su día surgieron el derecho laboral, el derecho contable o el derecho del medio ambiental. Estos nuevos derechos requieren su propio espacio formativo y pueden convertirse en una fuente importante de actividad profesional. Y esto, por cierto, se aplica tanto a los grandes o medianos despachos como a las firmas pequeñas y a los abogados que practican el ejercicio individualmente. El conocimiento de los temas antes reseñados va a ser de hecho un instrumento especialmente eficaz para reducir distancias y equilibrar oportunidades».

La formación inicial, reitero, que un estudiante adquiere en el Grado y profundiza mediante la especialización en el máster de Acceso a la Abogacía, es la base para que los jóvenes afiancen su futuro profesional y contribuyan a la riqueza y el progreso de nuestro país.

III. DERECHO DE DEFENSA

Abogacía es cooperadora esencial en la Administración de Justicia, no mera intérprete de la ley. De ahí la insistencia en la búsqueda de la excelencia basada en la mejor formación. Y esto no es solo para incrementar el volumen de negocio de nuestros despachos, sino porque la Abogacía es un pilar fundamental del Estado de Derecho y tiene una gran responsabilidad social.

Nuestra obligación es contribuir a la seguridad jurídica de los ciudadanos y para ello, debemos comenzar por exigir que se garantice el Derecho de Defensa. El Consejo General de la Abogacía Española lleva tiempo reclamando una Ley del Derecho de Defensa que garantice la libe1tad y la independencia de los abogados. Ya enviamos un borrador al Gobierno y volveremos a insistir en esta legislatura, aunque el ministro Catalá ya se ha comprometido a promoverla en su toma de posesión tras la formación del nuevo Gobierno.

Con esta Ley, se pondría fin a actuaciones que, sin base legal, violan el derecho de defensa, como por ejemplo el secreto de las comunicaciones abogado-cliente; se asegurarían los derechos de los ciudadanos y la efectiva realización del principio de contradicción en igualdad entre las partes, para evitar desequilibrios o limitaciones que puedan conducir a indefensión.

Reclamamos que los abogados estén en plano de igualdad y sean respetados por el resto de los actores de la Justicia, en la idea de que es básicamente esencial para el logro de la Justicia como base de la paz social, la convergencia de la función del juez y el abogado que ha de fundarse sobre tres pilares: la independencia judicial, la independencia y libertad de la defensa y la responsabilidad de unos y otros.

En esta línea, el Pleno del Consejo General aprobó por unanimidad el 12 de junio de 2013 el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española que sustituye al aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, aunque este texto sigue pendiente de aprobación por el Ministerio de Justicia. Entre otras cuestiones, el nuevo Estatuto reafirma el Derecho de Defensa; actualiza el ejercicio de la profesión; promueve la democracia interna; refuerza la vanguardia tecnológica y actualiza el régimen deontológico y sancionador. Al mismo tiempo, fija los derechos y deberes de los letrados en relación con sus clientes, mientras que potencia la conciliación de la vida familiar y profesional de los abogados y abogadas.

Pero también exigimos a todos los compañeros y compañeras una mayor autoexigencia deontológica, porque en nuestra profesión no caben los que no respetan los principios éticos y deontológicos o de una u otra forma violentan la Ley. Estamos trabajando en la revisión de nuestro Código Deontológico porque tenemos que responder a los nuevos retos de una sociedad que cambia y que exige respuestas éticas que en nuestra profesión deben ser consustanciales al trabajo que realizamos.

IV. COMPROMISO SOCIAL

La Abogacía no se entiende sin el compromiso con la ciudadanía. La Abogacía Española es responsable y defensora de un servicio público como la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, esenciales en un Estado social y democrático y de Derecho para garantizar el acceso a la Justicia y los derechos de las personas más vulnerables. Actualmente, casi 44.000 abogados y abogadas prestan este servicio modélico 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España, sin apenas quejas de los usuarios y con una alta valoración, como demuestran las encuestas que hacemos. Estamos atendiendo a un millón de personas al año, aproximadamente.

Nuestra responsabilidad es garantizar que se presta en las debidas condiciones, que acceden a ella quienes lo necesitan, y la obligación de las administraciones públicas es que los abogados reciban una justa contraprestación por este trabajo fundamental para la cohesión y la paz social, pues garantiza el cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.

V. DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Y si hablamos de la función social de la Abogacía, no quiero dejar de mencionar la mayor catástrofe humanitaria y de Derechos Humanos que estamos sufriendo desde la II Guerra Mundial y la vergonzosa respuesta que estamos dando. Me refiero a la crisis de los refugiados.

Los principios fundacionales de la Unión Europea han sido sacudidos por esa extraordinaria crisis migratoria y por un sistema económico que ha puesto las leyes del mercado por encima de los derechos de las personas. También por el terrorismo islamista que ha golpeado varios países europeos y que ha provocado, además de la pérdida irreparable y absurda de vidas humanas, el sacrificio de muchos derechos en nombre de una supuesta seguridad.

La idea de una Europa fuerte, unida y respetuosa con los derechos de sus ciudadanos parece hoy una quimera y se impone el escepticismo, cuando no el rechazo abierto. Sin embargo, quienes crecimos con ese anhelo de una Unión Europea que acabara con los desequilibrios territoriales y las desigualdades sociales para hacer de todos sus habitantes ciudadanos de pleno derecho, nos resistimos a renunciar a una sociedad «en la que imperen los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos», (Constitución Europea). Unas sociedades caracterizadas por el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación.

Nuestros muros, los únicos que desde la Abogacía estamos dispuestos a levantar para frenar la xenofobia y la exclusión que se están instalando en gran parte del mundo, son los muros de los Derechos Humanos, en cuya defensa estamos firmemente comprometidos.

En definitiva, una Abogacía moderna, en igualdad con el resto de los actores jurídicos, que busca la excelencia, con el máximo rigor deontológico, que cambia y se transforma para seguir a sus clientes en un mundo global y que refuerza su función social y su compromiso con los derechos de los ciudadanos y con los derechos humanos.

 

LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICO-JURÍDICA HOY: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Thomas Duve

Director del Instituto Max-Plank de Historia Europea del Derecho de Frankfurt am Main.

RJUAM núm. 33

 

Estimados colegas:

En primer lugar, les agradezco mucho la invitación a inaugurar este encuentro con algunas palabras. Para mí es un verdadero honor y un placer poder estar hoy con ustedes, compartiendo este momento que, con el tiempo, podría transformarse en el inicio de un diálogo institucional entre historiadores del derecho de dos países, España y Portugal; dos países que han contribuido muchísimo a la formación de la cultura jurídica europea en todas sus complejas interrelaciones con otras regiones globales como Asia, África y América y que están tan interconectados en sus historias jurídicas.

Celebro mucho la iniciativa de las organizadoras, que han tenido la valentía de organizar este encuentro, en un momento complejo, especialmente para la generación que necesita insertarse en el mundo académico y que muchas veces no lo consigue, por razones completamente ajenas a la propia cualificación. Creo que es precisamente esta situación de crisis institucional la que nos invita a todos con cierta urgencia a reflexionar acerca de qué es lo que podemos y queremos ofrecer como historiadores del derecho a las ciencias jurídicas e históricas y a las universidades. Dicho de otro modo: ¿qué podemos ofrecer nosotros a las universidades para llevar a cabo su tarea de dar una formación a los operadores jurídicos, para que sean capaces de enfrentar las dinámicas transformaciones que nuestras sociedades están presenciando en la actualidad?; ¿dónde debemos invertir nuestros esfuerzos como investigadores para entenderlas mejor?

Creo que estas son algunas preguntas básicas que tenemos que hacernos, en esta situación particular, pero también como miembros de una comunidad académica que necesita reflexionar constantemente sobre su quehacer. Por eso, hoy quisiera exponerles algunas reflexiones sobre cuáles podrían ser los desafíos y oportunidades que estamos enfrentando como disciplina. Cabe aclarar que este análisis es estrictamente personal y proviene de un investigador alemán, desde su observatorio en un instituto de investigación histórico-jurídica1.

Voy a concentrarme en tres aspectos:

Primero describiré brevemente algunas transformaciones del sistema académico, es decir, del mundo institucional en el cual nos movemos. Hago esto porque, a pesar de pertenecer a una disciplina pequeña como la Historia del Derecho, también formamos parte del sistema académico. Los cambios en este sistema necesariamente nos afectan también a nosotros. Como historiadores sabemos –por ejemplo, a través de las investigaciones desde el campo de la historiografía del saber (History of Knowledge) que las transformaciones en el marco institucional dentro del cual producimos nuestros conocimientos impacta sobre la producción de saberes y su mismo contenido. Me pregunto: ¿esta situación no se aplica también a nosotros mismos?; ¿cuáles son las transformaciones del sistema académico que podemos observar y que impactan sobre nuestra forma de trabajar?

Sin embargo, no solamente podemos observar profundas transformaciones en el campo académico, sino también en el sistema jurídico. Y este es el segundo punto que quisiera remarcar. Todos sabemos que en las últimas décadas estamos presenciando un proceso de diferenciación dentro del campo jurídico, con una mayor presencia de normatividades no-estatales, con la creciente producción de normas por actores transnacionales y una pronunciada presencia de nuevas formas de producción de normatividad. Por eso, es imperioso preguntarse de qué manera estas transformaciones del objeto de nuestra disciplina nos afectan como historiadores del derecho.

Finalmente, quisiera hacer un breve comentario sobre las posibles consecuencias que podemos extraer de esta situación. Como siempre, son tanto intelectuales como institucionales.

I. TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA ACADÉMICO

Empiezo con la primera parte, es decir, una mirada a las transformaciones en el sistema académico y en el entorno de nuestro quehacer cotidiano. Desde la perspectiva alemana (y tal vez no solo desde la perspectiva alemana) en los últimos veinticinco años estamos observando un profundo proceso de cambios en nuestra disciplina y también en el marco institucional dentro del cual desarrollamos nuestras investigaciones.

Sin ir más lejos, podemos ver en el campo histórico-jurídico la importante innovación metodológica y teórica que a partir de los años setenta y ochenta se ha introducido en la disciplina, con la paulatina apertura hacia la teoría social; hacia los métodos tomados otros campos de la historiografía; la ampliación del canon de fuentes, etc., lo que propició un mayor diálogo con las disciplinas no jurídicas. Hoy en día muchos historiadores del derecho publican en revistas históricas (y a la inversa) y existe una rica cooperación entre historiadores del derecho y otras disciplinas.

Este acercamiento entre la historia del derecho y otras disciplinas del campo de las humanidades no ha sido unidireccional. Por el contrario, mirando las últimas dos décadas, podemos observar que la historia social, la etnología, la historia cultural, las ciencias políticas y la sociología (por mencionar solo algunas disciplinas) están tomando cada vez más conciencia de la importancia del derecho como campo de producción cultural con una cierta autonomía, que no puede ser reducido a un epifenómeno de otras fuerzas o estructuras sociales o materiales. En otras palabras, se está reconociendo que el derecho no es una mera expresión de cambios que tienen su origen más allá del mundo jurídico, sino que el mismo derecho tiene una dimensión semiautónoma dentro de las lógicas de reproducción de sistemas culturales y, por ende, es un factor que necesitamos analizar para entender las transformaciones de la sociedad misma. Sin duda, las innovaciones en el campo de la historia intelectual, con su mayor atención hacia la semántica histórica, como también los muchos turns han contribuido a esto de manera significativa, sea el cultural turn, el linguistic turn o el translational turn, todos especialmente atentos a la fuerza de la producción semiótica y por ello a campos de producción cultural como el derecho. Como estos debates han impactado sobre varias disciplinas, podemos observar que hay un proceso casi simultáneo de apertura hacia el derecho y su historia en varios campos disciplinares. «There is a lot to be gained by delving into legal history», escribe Fernanda Pierie en su reciente libro sobre Legal Anthropology, y hasta el exponente más importante (y polémico) de la historia social alemana, el recientemente fallecido Hans Ulrich Wehler, reconoció en el epílogo a su voluminosa Historia social de Alemania, publicada en 2008, que una de las falencias de su trabajo puede haber sido «subestimar la importancia del derecho en su autonomía relativa».

Este proceso de apertura de otras disciplinas hacia el derecho y su análisis histórico y, al mismo tiempo, nuestra apertura hacia ellas contribuyó a una cierta convergencia de preguntas y de métodos. Desde nuestro campo, puede ser que algunos lo consideren una«desjuridificación» y desde otro observatorio puede ser visto como una «juridificación» de los estudios culturales.

Sea como fuere, esta tendencia hacia una cierta convergencia se ha visto fortalecida por algunos cambios estructurales en el sistema académico. En este contexto, cabe mencionar las reformas en la organización y el financiamiento de la investigación que se han llevado a cabo a partir de las décadas del ochenta y noventa, y con más fuerza en los últimos quince años. En Alemania –pero, de nuevo, creo también que esto ocurre en muchos países europeos– estamos presenciando un proceso muy significativo de redistribución de recursos para la investigación, desde el presupuesto general de las universidades hacía un sistema de financiación de proyectos de investigación a través de mecanismos competitivos. Una de las implicancias de esta reorganización de la distribución de recursos es que la financiación de proyectos de investigación hoy en día depende, en no pocos casos, de que estos tengan alguna dimensión interdisciplinar. A lo largo de los años, esto ha desembocado, en combinación con los factores ya mencionados, en una creciente integración intelectual entre investigaciones históricas e histórico-jurídicas. La contracara ha sido, en no pocos casos, un distanciamiento entre la historia del derecho y los otros juristas, más bien interesados en el ordenamiento presente (y futuro). Así, los historiadores del derecho –de por sí en una situación periférica en las facultades de derecho– han girado cada vez más su atención hacia una enriquecedora y gratificante cooperación con los colegas de las disciplinas históricas y culturales. De nuevo, no se trata de evaluar si esto ha sido positivo o negativo, sino de constatar el crecimiento intelectual, pero también el debilitamiento institucional que trajo para la inserción de nuestra disciplina en las facultades de derecho.

1. Como segunda transformación importante, quisiera mencionar la internacionalización del sistema académico

Hace más o menos dos décadas, casi todos los países europeos están apostando por una creciente internacionalización del sector académico. Las razones para esto son mayoritariamente políticas y tienen que ver con la necesidad de ampliar mercados para conseguir los mejores investigadores, pero el impacto es visible incluso en disciplinas pequeñas como la nuestra. Porque esta internacionalización y el uso masivo de los nuevos medios de comunicación, han contribuido a la emergencia de discurso transnacionales, incluso acerca de la historia del derecho. La entrada de nuevas comunidades académicas a este diálogo y una creciente atención a su producción científica, produjeron un enorme enriquecimiento de la historiografía jurídica. Sin embargo, al mismo tiempo, ha contribuido también a una cierta fragmentación de los discursos y a una pérdida de cánones de saber.

¿Por qué? Una razón es que la centralidad de ciertas comunidades académicas (por ejemplo, la alemana) y su función orientadora para otras comunidades académicas (en lo que atañe a métodos, temas y prácticas intelectuales) ha disminuido considerablemente. Basta pensar en la hegemonía que durante muchas décadas ejerció el concepto savigniano del derecho sobre la investigación histórico-jurídica, lo que generó una casi exclusiva concentración de gran parte de la historiografía jurídica en el derecho erudito y sus instituciones. Hoy en día, por el contrario, observamos un discurso, en muchos casos anglicanizado tanto lingüística como conceptualmente, que está transformando las tradiciones analíticas, modeladas a partir de estructuras nacionales y las reemplaza o reinterpreta dentro de su lógica. En la medida en que Europa, con su particular tradición de una historia del derecho radicada en las facultades de derecho, se encuentra integrada en una comunidad transnacional, obviamente se hace más visible la presencia de métodos, temas y cánones de saber que provienen de otras culturas académicas. Por ejemplo, aquellas en las cuales la historia del derecho se dicta, en mayor medida, en las facultades de humanidades y letras (como es el caso norteamericano); también cabe referirse a los métodos y temas que provienen de tradiciones analíticas diferentes, como puede ser el caso de algunas comunidades académicas en Asia. Estas diferencias son mucho más visibles hoy en día, porque ya no vivimos en un mundo donde había muchos discursos paralelos (muchas veces llevados a cabo separadamente). Vivimos en un mundo en que estamos a solo un clic con el mouse para poder leer, en inglés, sobre la historia de la resolución de conflictos en China o de la esclavitud en Chile.

Si todo esto ya contribuye a una cierta fragmentación de la disciplina, de sus cánones, métodos y puntos de referencia, también la economización del sistema académico muestra su fuerza. Porque si la introducción de mecanismos competitivos de distribución de recursos para la investigación ha causado (a partir de la demanda constante de interdisciplinariedad) un cierto debilitamiento de la disciplinariedad, la misma economización del sistema también ha traído la exigencia de la internacionalidad. Hoy en día, casi todos los proyectos financiados por mecanismos competitivos tienen que tener una dimensión comparativa o internacional. Esto significa, si uno lo toma en serio, la necesidad de combinar diferentes tradiciones nacionales tanto en lo metodológico como en lo temático.

Además, el significado que han llegado a tener las grandes editoriales angloamericanas, OUP (Oxford University Press) o CUP (Cambridge University Press), en este sistema economizado, donde el ranking de publicaciones se ha convertido en un factor determinante para muchas carreras, agregó otro agente de cambio. Porque la entrada de algunas editoriales anglosajonas en el mercado globalizado de publicaciones está catalizando el proceso de fragmentación de consensos y tradiciones nacionales a través de la emergencia de nuevos parámetros y de una nueva distribución de atenciones historiográficas.

Para dar un solo ejemplo, permítaseme mencionar la The Oxford International Encyclopedia of Legal History, publicada en 2009 y ahora parte de una gran plataforma electrónica (llamada Oxford Reference) que ya contiene más de dos millones de entradas. En esta enciclopedia, encontramos un cambio notable en la atención dedicada a la historia del derecho europeo en relación a la historia del derecho en países emergentes como China. Mientras 5 columnas se refieren a las entradas «Germany, German Legal History», nada menos que 130 columnas están dedicadas a «China, Chinese Legal History», con varias subentradas. La relación de 26:1 representa, más o menos, la relación entre las poblaciones de China y de Alemania, pero seguramente no representa la tradicional visión de la relevancia de la historia del derecho de Alemania dentro del contexto internacional. Obviamente, uno podría iniciar un largo debate sobre este punto, pero lo que me parece importante señalar es la constatación de que estamos presenciando no solo un proceso de internacionalización, sino también un proceso de deseuropeización de los debates internacionales. Este proceso de deseuropeización tiene sin duda alguna su justificación y apoyo en los debates poscoloniales. Sin embargo, también abrió nuevos mercados para las editoriales, de lo que resultó una mayor atención para los mercados emergentes que para la vieja Europa. Sea cual fuera nuestra actitud al respecto, esta deseuropeización es una realidad, no solo económica, sino también intelectual. A su vez, agregaría yo, también es una gran oportunidad. Haré algunos comentarios al respecto al finalizar mi exposición.

Sin embargo, lo que sin duda trae aparejada esta deseuropeización es la necesidad de preguntarnos por el lugar de nuestras tradiciones intelectuales en un discurso globalizado. Personalmente, creo que es muy importante que no abandonemos nuestras tradiciones, sino, al contrario, que insistamos y hasta intensifiquemos nuestros esfuerzos en realizar investigaciones dentro de líneas tradicionales. Sin perjuicio de esto, al mismo tiempo tenemos que entender que el contexto dentro del cual debemos insertar nuestras investigaciones es un contexto cada vez más transnacional. Por eso considero de fundamental importancia que seamos conscientes de las lógicas intelectuales a las cuales responde este discurso transnacional.

2. Déjenme agregar un último comentario: más allá de esto, los cambios que señalé nos exigen también reflexionar sobre cómo una disciplina, que se formó en una intensa relación con el estado nacional, y cuyas instituciones y prácticas académicas e intelectuales se forjaron en el molde de un sistema nacional, puede funcionar en un mundo internacionalizado o más bien En otras palabras, ¿cómo podrían funcionar, por ejemplo, los mecanismos de control de calidad, de centralizar atenciones, de integrar comunidades, de socialización, etc., en un sistema académico transnacional? ¿Qué pasos tenemos que dar para adaptar nuestras instituciones a esa realidad transnacional? Creo que encuentros como este son pasos muy importantes en este proceso, porque contribuyen a la integración transnacional de comunidades académicas.

II. TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA JURÍDICO

Permítanme ahora abandonar este primer apartado, muy importante, en el cual traté de resumir algunas observaciones acerca de la transnacionalización del sistema académico para proceder al segundo punto: las transformaciones en el sistema jurídico y su impacto sobre nuestra disciplina.

Sin poder detenerme mucho en esto, creo que todos sabemos que la misma formación histórica que en los últimos veinte años contribuyó a la transnacionalización del sistema académico también ha tenido su efecto sobre el sistema jurídico. La globalización, la digitalización y la economización de nuestras sociedades y de la cultura provocaron la emergencia de nuevas formas de regulación, de sistemas de toma de decisiones y de normatividades que no provienen ni del estado nacional, ni son parte del derecho internacional, sino que son lo que se denomina Transnational Law.

Este derecho transnacional existe desde hace mucho tiempo, pero ha ganado una importancia mucho mayor en las últimas décadas. El derecho económico; la regulación del Internet; la normativa que rige el mundo del deporte, con sus múltiples tribunales, pero también la creciente actividad de estudios jurídicos que operan a nivel global, han causado una proliferación de normativa y también de instituciones para su implementación, que escapa a la tradicional visión del derecho como la normativa proveniente del Estado, único productor del derecho.

Como es sabido, no pocos observadores sostienen que este derecho transnacional forma parte de una mayor transformación de los sistemas jurídicos dentro de la cual las funciones del Estado también deben ser replanteadas. Ahora bien: ¿qué tienen que ver los historiadores del derecho con esta transnacionalización del derecho? Creo que esta transnacionalización tiene, básicamente, dos significados para nosotros.

Primero, muestra que la historia del derecho concebida como una prehistoria del Estado moderno occidental es una parte de la historia del derecho, muy importante, pero solo una parte. La emergencia de corporaciones con cierta facultad de autorregulación, que empiezan a producir su propia normativa, muchas veces a través de lo que se llama Judicial Lawmaking, muestra que el horizonte de la historia del derecho tiene que abarcar dimensiones mucho más allá de la normativa estatal.

Segundo, y este punto es el que me parece más importante, la emergencia de este derecho transnacional exige a la academia plantearse la pregunta de si no debemos acompañar este proceso con una transnacionalización de las ciencias jurídicas y con un discurso transnacional acerca del derecho. Porque si una función importante de la academia es la observación crítica de la realidad, y por ende una función clave de la investigación jurídica debe ser la observación crítica de la evolución del sistema jurídico, tenemos que entablar un discurso académico a nivel transnacional. Este discurso académico a nivel transnacional debe referirse a conceptos claves que necesitamos clarificar si queremos comunicarnos con juristas provenientes de distintas regiones y culturas. Basta pensar en el ejemplo del término «Constitución»: un término clave para la construcción de nuestros modernos sistemas jurídicos occidentales. En los últimos años, estamos experimentando un intenso debate (por ejemplo, entre países occidentales y China) acerca de qué significa una Constitución. En diciembre de 2014, se celebró en China el primer día de la Constitución, con miles de estudiantes de derecho en las calles con un ejemplar de la Constitución en la mano para explicársela a los ciudadanos. Sin embargo (y sin poder profundizar en esto aquí), estos estudiantes de derecho deben de haber transmitido ideas sobre la Constitución que son ajenas a lo que nosotros entendemos por una Constitución. Es una visión «confuciana» de la Constitución, donde el individuo está integrado a un orden colectivo y se definen los derechos a través de esta integración, mientras que para nosotros, la Constitución obviamente tiene otra estructura, poniendo al individuo en el centro de la construcción del sistema. Podría agregarse, por ejemplo, la resignificación que algunos Estados latinoamericanos están dando a conceptos claves del constitucionalismo, como es el caso de Bolivia o Ecuador.

Estos ejemplos sirven para mostrar que, frente a la realidad de una reinterpretación y apropiación de conceptos (muchas veces occidentales) en un mundo globalizado, necesitamos entrar en diálogo con estas comunidades académicas y los representantes de esos sistemas jurídicos. Para ello, necesitamos no solamente conocer nuestra tradición, sino también capacitarnos para conocer otras tradiciones (las tradiciones no europeas) y encontrar puntos de encuentro en un lenguaje común que muchas veces es engañoso. Estoy convencido de que para esa tarea, los historiadores del derecho, que cotidianamente hacemos el esfuerzo de comprender otras realidades jurídicas, sin poder deshacernos completamente de nuestras preconcepciones y con una constante preocupación por hacer un uso reflexivo de nuestro lenguaje de análisis, podemos y debemos hacer una contribución importante. También estoy seguro de que, mientras en algunos campos de la investigación jurídica se ha perdido el sentido de la necesidad de una perspectiva histórica, es el campo de una perspectiva académica acerca del derecho transnacional donde tanto desde el lado teórico (es decir, desde la teoría del derecho y la sociología derecho), como desde el lado más práctico, hay una necesidad de entablar diálogos y negociar sentidos, hay una gran necesidad y también atención para las perspectivas históricas y su valor explicativo.

III. CONSECUENCIAS

Con esto, llego a la última parte, la más breve, de mi presentación: las conclusiones. En el primer apartado he tratado de mostrar que la historia del derecho como disciplina académica está sujeta al proceso de transnacionalización del sistema académico y tiene que reaccionar a esto, conservando sus tradiciones y abriéndose a un nuevo campo de referencia y a nuevas formas de producción y de sus lógicas. Obviamente, esto exige un mayor esfuerzo. Sin embargo, este mayor esfuerzo es precisamente lo que puede capacitarnos para enfrentar otro desafío importante: el de formar parte de la emergente comunidad académica transnacional que asume cierta responsabilidad en la traducción de tradiciones jurídicas, de sus instituciones a partir de sus tradiciones, para crear las precondiciones para un diálogo transnacional sobre el derecho.

Obviamente, este proceso exige de nosotros plantearnos la utilidad y operatividad de casi todos nuestros conceptos habituales. Requiere abrirnos hacia otros conceptos de normatividad, porque obviamente no vamos a poder entablar un diálogo a partir de la noción occidental moderna del Estado y del derecho. Sin embargo, tampoco podemos comunicarnos sin apoyarnos en este lenguaje. ¿Quién?, pregunto, ¿quién estaría mejor capacitado para esto que un historiador del derecho, que tiene su fuerte arraigo en trabajos histórico-jurídicos basados en concretas realidades locales o nacionales y a su vez está abierto para los discursos metodológicos y teóricos sobre el derecho que se llevan a cabo a un nivel transnacional?

¿Y quién mejor que una generación que ha tenido una experiencia de vivir y moverse en diferentes lugares del mundo, como la nuestra?

Creo que el programa de este I Encuentro Hispano-Luso de Historiadores del Derecho es una clara demostración del rico potencial que tenemos. Por eso, de nuevo, mi mayor enhorabuena a las organizadoras y a los participantes y muchas gracias por permitirme formar parte de este encuentro.

• (1) Ver más extensamente DUVE, T., «German Legal History: National Traditions and Transnational Perspectives», Rechtsgeschichte-Legal History, º 22 (2014), pp. 16-48. Versión en línea: <http://dx.doi.org/10.12946/rg22/016-048>

TRASCENDER PARA TRANSFORMAR A TRAVÉS DEL DERECHO

Viviana Waisman y Tania Sordo Ruz

Presidenta y co-fundadora de Women’s Link Worldwide y abogada de staff de la organización

RJUAM núm. 32

 

Desde Women’s Link Worldwide utilizamos el poder del Derecho para promover cambios sociales que avancen los derechos de las mujeres y las niñas, en especial aquellas que enfrentan múltiples formas de discriminación. Para realizar estos cambios sociales contribuimos a la creación de jurisprudencia con perspectiva de género y un análisis inter- seccional, así como a construir capacidades y condiciones para que el cambio sea sostenible. Por este motivo, como parte de nuestro trabajo llevamos a cabo litigios de interés público para trascender los tribunales y los casos concretos involucrando a las sociedades civiles, diferentes actores de los Estados y creando debate público. Así, buscamos trascender para transformar.

Los casos que litigamos son sobre violencia en contra de las mujeres y niñas en sus distintas manifestaciones, discriminación en contra de ellas y también los relacionados con las vulneraciones a sus derechos sexuales y reproductivos. Tal como lo establece el Derecho internacional de los Derechos Humanos, entendemos que la violencia de género es una forma de discriminación y una violación de los mismos. Con la experiencia hemos comprendido que esta violación a los derechos es sumamente compleja y por lo tanto su erradicación no solamente necesita de un marco legal adecuado sino también de una aplicación efectiva de dicho marco.

Una de las causas de la falta de una aplicación efectiva de la legislación en materia de violencia de género radica en el uso de estereotipos de género. Las ideas que conllevan estos estereotipos sobre las características, habilidades, conductas, atributos, actividades, tareas y espacios que se consideran apropiados para las mujeres y los hombres, otorgando más valor y prestigio a lo que se cree como propio de los varones, tienen  consecuencias en diferentes aspectos de nuestras vidas. Estas ideas se transmiten por distintos canales y forman parte de la socialización de todas las personas, asimismo se reflejan en el razonamiento, el lenguaje y la actuación.

Las personas que crean, aplican o interpretan las leyes tienen prejuicios igual al resto de las personas y por lo tanto no están exentas de transmitir estereotipos de género. El uso de estos estereotipos, no debe ser minimizado, ya que tiene consecuencias en la búsqueda de una sociedad igualitaria y verdaderamente democrática. Por ejemplo, si una mujer víctima de violencia de género acude al sistema judicial buscando protección y se emite una decisión que atiende a estereotipos de género, como por ejemplo, que las mujeres en ocasiones mienten para conseguir «beneficios» en una separación, se estará reproduciendo la violencia en contra de las mujeres. Así, estos estereotipos retroalimentan la violencia y la discriminación, y profundizando un poco más, son a la vez causa y consecuencia de esta violencia.

Un ejemplo de la situación anterior es el caso emblemático de Ángela González Carreño contra España, a quien desde Women’s Link tenemos el orgullo de representar. Ángela lleva doce años buscando justicia y reparación para que casos como el suyo y el de su hija menor de edad Andrea, asesinada por su ex pareja y padre de la niña, no vuelvan a ocurrir. Ángela sufrió violencia de género por más de veinte años y decidió huir de su domicilio llevando consigo a Andrea, que en ese momento tenía tres años, buscando protección para ambas. Ella presentó numerosas denuncias ante cada episodio de violencia y solicitó que el régimen de visitas de Andrea con su padre fuera supervisado. Sin embargo, después de un largo periplo, el juzgado permitió un régimen de visitas sin vigilancia. En 2003 en una visita sin supervisión, el maltratador asesinó a Andrea (en ese momento tenía siete años) y luego se suicidó.

Después del asesinato de Andrea, Ángela inició, sin éxito, procedimientos judiciales y administrativos con el fin de que se reconociera la responsabilidad de las autoridades en los hechos ocurridos. Una vez agotadas las vías a nivel nacional, junto a Women’s Link Worldwide, su caso fue presentado ante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer («Comité CEDAW»). Lo anterior fue posible debido a que España ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer («CEDAW») y su Protocolo Facultativo, el cual permite la presentación de comunicaciones individuales.

En 2014 el Comité CEDAW determinó a través de un Dictamen la responsabilidad del Estado español por infringir determinados derechos de Ángela y Andrea estipulados en la CEDAW, leídos conjuntamente con la Recomendación General Núm. 19 del Comité sobre la violencia contra la mujer. Por lo anterior, el Comité realizó recomendaciones al Estado, unas respecto a Ángela y otras de carácter general. En cuanto a Ángela, el Comité estableció que se le debía otorgar una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos, así como que se debía llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial con el fin de determinar la existencia de fallos en las estructuras y prácticas estatales que hubiesen ocasionado una falta de protección tanto de Ángela como de Andrea.

Sobre las recomendaciones de carácter general, el Comité estableció que el Estado debe tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean considerados al estipular el régimen de visitas y la custodia, para no poner en riesgo la seguridad de las víctimas de esta violencia, incluidas las hijas y los hijos, así como que se debía hacer prevalecer el interés superior del niño y la niña y su derecho a que se les escuchase en todas las decisiones que se tomasen en este sentido. Igualmente se recomendó reforzar la aplicación del marco legal para asegurar el ejercicio del principio de debida diligencia en casos de violencia de género. Por último, el Comité recomendó al Estado español proporcionar formación obligatoria a jueces, juezas y personal administrativo que interviene en estos casos sobre la aplicación del marco legal de lucha contra la violencia de género, incluyendo formación sobre la definición de esta violencia, los estereotipos de género, la CEDAW, su Protocolo Facultativo y las Recomendaciones Generales del Comité, en particular la Núm. 19.

Estas recomendaciones marcan una hoja de ruta sobre las medidas que tienen el potencial de salvar la vida de mujeres, niñas y niños, ya que casos como el de Ángela y Andrea continúan sucediendo. Esto hace evidente que, como ha manifestado el Comité, no estamos ante un caso aislado sino que este forma parte de un contexto estructural en el cual la legislación no está siendo aplicada de manera adecuada. Esta falta de implementación está afectando a mujeres, niñas y niños con nombres y vidas.

El Estado español ha manifestado que no cumplirá con este Dictamen, a pesar de que voluntariamente ratificó la CEDAW y su Protocolo. Es decir, el Estado ha afirmado que no cumplirá con sus obligaciones internacionales. Lo anterior envía un mensaje de tolerancia de la violencia de género y de impunidad que perpetúan esta violencia. Junto con Ángela, desde Women’s Link continuaremos luchando, como dice uno de nuestros lemas: «Nuestros derechos, tu dignidad, contigo Ángela».

Una recomendación del Dictamen que nos gustaría resaltar en esta ocasión consiste en la necesidad identificada por el Comité de que exista una formación obligatoria en determinados temas para jueces, juezas y personal que intervienen en estos casos. Lo anterio    r nos hace reflexionar sobre la importancia de lo que se enseña cuando se está estudiando Derecho. No tenemos duda que existe un vínculo entre la producción y difusión de determinado conocimiento y la persistencia de la violencia de género en nuestra sociedad. Sobre la educación y la universidad como un canal de socialización que puede invisibilizar esta violencia y contribuir a naturalizarla y normalizarla. En la carencia en los planes de estudios de una perspectiva de género y sus consecuencias, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Esto nos lleva a cuestionarnos qué derechos se defienden, a favor de quién y desde qué perspectivas si se omite el conocimiento no hegemónico y las genealogías de los movimientos que han cuestionado el orden social establecido al considerarlo injusto.

Si bien el cumplir con el Dictamen del caso de Ángela es responsabilidad del Estado, este caso emblemático nos hace reflexionar sobre lo que cada sector de la sociedad, como el universitario, puede hacer para que casos como este no vuelvan a ocurrir. Conjuntamente como sociedad, podemos trabajar en avanzar hacia la enseñanza de un Derecho y el fomento de una producción del conocimiento que desmonta los prejuicios que tenemos todas las per sonas que dan lugar a los estereotipos y la discriminación. Este ejercicio se tiene que hacer de manera expresa, coherente y consistente, aunque en ocasiones, nos ponga en situaciones incómodas. De esta manera, en lugar de reproducir la violencia de género, aun de forma no intencionada, la educación de nuestros futuros profesionales puede buscar el verdadero respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Esto no solo es posible, sino que es una obligación y una cuestión de ética en la búsqueda de sociedades justas, igualitarias y democráticas.

De esta manera, como han hecho muchas personas comprometidas con los derechos humanos, podemos hacer los vínculos entre un caso de violencia de género y la importancia de que en la Universidad se trascienda para transformar a través del Derecho. Ya que, si una cara del Derecho puede reproducir esta violencia, existe otra que puede cuestionarla y así contribuir a erradicarla.

LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD: DECIMOQUINTO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Luis Gordo González

Director de la RJUAM

RJUAM núm. 31

Hace quince años la Universidad Autónoma de Madrid se sumó a la lista de grandes universidades mundiales con una revista jurídica propia, a través de la que difundir artículos originales de investigación. Nació entonces la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (RJUAM).

No corresponde en este momento glosar las virtudes de la Universidad Autónoma de Madrid en general, ni de la Facultad de Derecho en particular. Tampoco debemos enfrentar la tarea de exponer las muchas contribuciones que la Universidad Pública brinda a la sociedad. Nos limitaremos a manifestar aquí nuestro orgullo por que la RJUAM contribuya en la tarea encomendada a la Universidad Pública: la creación y difusión del conocimiento.

La RJUAM ha mantenido desde su fundación unas señas de identidad claramente reconocibles que le imprimen su carácter marcadamente innovador. En primer lugar, es una revista multidisciplinar en la que tienen cabida ensayos sobre cualquier materia jurídica o de ciencia política, nacionales o internacionales. Además, por nuestra vocación de favorecer el enriquecimiento del debate científi co, las páginas de la RJUAM acogen artículos de los profesores más importantes del panorama nacional e internacional, así como de jóvenes investigadores y de estudiantes que sobresalen en sus áreas de conocimiento.

Otra de las características particulares de nuestra Revista es que el Consejo de Redacción de la RJUAM está formado por jóvenes profesores e investigadores de nuestra Facultad. Eso la dota de un dinamismo y energía que ha permitido impulsar su evolución y consolidación a lo largo de estos años.

Estas singularidades propias de la RJUAM han permitido que la Revista, que empezó solamente como una publicación semestral, muy pronto pudiera empezar a desarrollar otras actividades científi cas adicionales. Sus jornadas multidisciplinares anuales son en la actualidad un referente en el estudio del Derecho. Además, se instauraron foros de debate sobre cuestiones de máxima actualidad que han permitido acercar complejos problemas y debates jurídicos y politológicos a un público muy amplio no especializado en la materia. Asimismo, para fomentar el acercamiento de los estudiantes de Grado y de Licenciatura a las actividades de investigación y a la presentación de ponencias en congresos científicos se instituyó el Premio Joven Investigador, al que cada año concurre un mayor número de estudiantes provenientes de las mejores universidad españolas. Algunos de los interesantes artículos que los candidatos han presentado a este premio han sido publicados y pueden ser consultados en otros números de nuestra Revista.

Todas estas exitosas iniciativas y las que vendrán en el futuro no habrían sido posibles sin el decidido apoyo de los que iniciaron este proyecto. Siempre estaremos en deuda con ellos por la confi anza y el aliento que nos han prestado en todo momento. En particular con el profesor Carlos Espósito Massicci, principal impulsor de esta iniciativa, que confi ó en un modelo de Revista que, a la postre, ha demostrado que podía mantener unos estándares de calidad y rigor científi co a la altura de las mejores publicaciones.

Tampoco podemos dejar de reconocer el aliento de los profesores que han formado parte de nuestro Consejo Asesor a lo largo de estos años, actualmente integrado por los profesores: Antonio Fernández de Buján, José Mª Miquel González, Pilar Benavente Moreda, Francisco Velasco Caballero y Santiago Pérez-Nievas Montiel. Asimismo, queremos agradecer el respaldo de la profesora Yolanda Valdeolivas García y de todos aquellos que la precedieron como Decanos de nuestra Facultad, en los que siempre hemos encontrado un apoyo decidido para mantener vivo este ilusionante proyecto.

Debemos mencionar también a los profesores que en cada momento han conformado el Consejo de Redacción de la RJUAM, algunos ahora son profesores titulares o contratados doctores; algunos continúan en la UAM, otros están en diversas universidades españolas y aún otros han emigrado a universidades extranjeras. Todos ellos contribuyeron a mejorar la RJUAM, a luchar por cumplir con el objetivo que se espera de la revista científi ca de una de las mejores facultades de Derecho españolas: poner el conocimiento al servicio de la sociedad. De nuestros antiguos compañeros conservamos la ilusión por el trabajo, la ambición por superar desafíos y el rigor científi co, un legado de inestimable valor. Ellos son por orden de aparición en los distintos números de la RJUAM: Laura García, Adriana Pascual, Félix Alberto Vega, Jorge Agudo, Antonio Arrollo, Mar Domínguez, Abraham Sanz, Marta Jiménez, Miguel Ángel López, Eduardo Melero, Carmen Miquel, Esther Monterroso, Tomás de la Quadra, Susana Sánchez, Borja Suárez, Rosa Fernández, Mario Maraver, Maravillas Espín, Judith Domínguez, Raquel Escutia, Susana Espada, Carlos Jiménez, Sonia Sánchez, Julia Solla, Rafael Polo, Paula Goyanes, Belén Martín, Francisco M. Ruiz, Ricardo Saavedra, Carlos Varela, Pablo Guérez, Jesús Sánchez, Antonio Bengoechea, Yamila Fakhouri, Beatriz Gregoraci, Silvia Díez, Luis Fonseca, Alonso Henández, Antonia Gutiérrez, Carmen Gutiérrez, Carmen Crespo, Andrea Macía, Gema Quintero, Guillermo Caballero, Domingo J. Jiménez-Valladolid, Iñigo de la Maza, Jorge Ruiz, Laura Beck, Nicolas Carrillo, Fernando Pastor, Juan Ferrer, Marcos Jornet, Mariam Martínez-Bascuñán, Alejandra Torres, Javier Frutos, Mariona Llobet, Rosa María Navarrate, Dámaso Riaño, Sara Sánchez y Esther Farnós.

A todos ellos vaya nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a su labor. Por ello, para conmemorar el decimoquinto aniversario de la fundación de la RJUAM, su Consejo de Redacción ha considerado que el mejor tributo al trabajo de todos estos años era elaborar este número especial con las contribuciones de algunos de los antiguos redactores de nuestra Revista

LA UNIVERSIDAD ANTE LOS RETOS DEL FUTURO

José M. Sanz

 Rector de la Universidad Autónoma de Madrid

RJUAM num. 30

Al asumir el rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid continuamos el trabajo, ya iniciado por mis predecesores, de preservar y mejorar el prestigio de una institución que se caracteriza por su compromiso con la sociedad, con la generación y transmisión de conocimientos y con la mejora continua de la calidad de sus funciones básicas: la docencia, la investigación, la innovación y la cultura. El resultado del trabajo y del esfuerzo diario de todos los miembros de nuestra comunidad universitaria se tradujo en la obtención de la certifi cación CEI UAM+CSIC que nos otorgó el ministerio de Educación en septiembre de 2009.

El Programa Campus de Excelencia Internacional nació con el objetivo de situar a las universidades españolas entre las mejores universidades europeas, y a sus campus más competitivos entre los de más prestigio y referencia internacional. Promovía principalmente la efi cacia docente e investigadora mediante la concentración de objetivos y esfuerzos, la especialización y la promoción de agregaciones estratégicas con instituciones, centros de investigación y empresas, sin obviar que las universidades constituyen un foco de desarrollo de su entorno territorial y ejercen una función de responsabilidad social institucional, que debe caracterizarse por el desarrollo de sinergias con instituciones del ámbito local, regional, nacional o internacional.

Nuestro Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC nace como instrumento para identifi car proyectos de agregación y para promover que las entidades presentes en su entorno de infl uencia y en el campus de la UAM fortalezcan su interacción mediante alianzas estratégicas, sumando esfuerzos de instituciones de investigación, empresas y organizaciones empresariales, entes territoriales y agentes sociales. Para su desarrollo se diseñó un Plan Estratégico 2009-2014, que contemplaba actuaciones coordinadas entre sus agentes para alcanzar dos objetivos principales: situar al CEI UAM+CSIC en el año 2015 como campus líder en España y en una posición de relevancia a nivel internacional y potenciar su integración con el entorno territorial para liderar el desarrollo cultural, económico y social de Madrid Norte.

El lanzamiento del proyecto del Campus de Excelencia supuso para las algunas universidades, las primeras que recibimos la certifi cación, un paso adelante por parte de la administración central, que retomaba la educación superior como uno de los motores básicos para salir de la situación en la que nos encontrábamos. Confi aban en la generación de una sociedad basada en el conocimiento para que nuestro país volviera a recuperar el ritmo que nos llevó a crecer en Europa.

Desde su selección como Campus de Excelencia Internacional en 2009 se han desarrollado la práctica totalidad de acciones propuestas en el Plan Estratégico 2009-2014, y se ha producido una importante evolución de la UAM y su Campus a través de tres ejes de transformación: agregación, especialización e internacionalización.

El CEI UAM+CSIC partía de un nivel de agregación institucional pre-existente entre las dos instituciones UAM y CSIC a través de cuatro centros mixtos. La UAM fue pionera en la agregación con el CSIC, con un modelo iniciado en 1975 que ha servido de ejemplo para iniciativas similares a nivel nacional, compartiendo en un espacio común infraestructuras, profesores e investigadores. La apuesta del CEI UAM+CSIC de crear un Campus con una fuerte presencia de centros de investigación de excelencia, con un marcado carácter científi co y un creciente componente académico, se ha consolidado y extendido con la agregación de cinco institutos propios del CSIC, dos institutos Madrileños de Estudios Avanzados, un nuevo centro mixto UAM+CSIC: Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) y cuatro Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) ubicados en los hospitales asociados a la Facultad de Medicina de la UAM (IDIPAZ, IIS-Princesa, IISFJD e IIS-Puerta de Hierro), con los que se ha impulsado el Bio UAM+CSIC (BUC), germen del futuro Parque Biomédico (BioMed Park). En su conjunto, la agregación CEI UAM+CSIC constituye la primera comunidad investigadora de España y una de las más relevantes en Europa.

El Campus UAM+CSIC se concibe también como campus global, gracias a las numerosas alianzas activas con universidades e instituciones de todo el mundo. Hasta el momento, los acuerdos establecidos no sólo han permitido el desarrollo de programas de movilidad específi cos y de proyectos de investigación internacionales entre los que debemos destacar la implementación de programas para la obtención de títulos dobles con diversas universidades europeas (Universidad Paris Dauphine, Toulouse, Estrasburgo y Boston University), el establecimiento del Centro de Universidades Europeas en Pekín, la participación en la Facultad de Derecho Chino-Europea en Pekín y, también, la constitución de la Alianza 4U con las Universidades Autónoma y Pompeu Fabra de Barcelona y Carlos III de Madrid. Asimismo cabe mencionar el programa del internacional académico del campus de Harvard y la confi guración de una alianza entre las veinte universidades europeas integradas en el ranking QS 50 under 50.

La internacionalización es el eje vertebrador del CEI UAM+CSIC; un proceso transversal de carácter estructural y sistémico. Para su consecución se planifi có una estrategia de internacionalización integral con el fi n de situar en el panorama mundial a sus estudiantes, sus investigadores y su personal de administración y servicios, favoreciendo la atracción de talento.

El programa “Campus de Excelencia” ralentizó su proceso desde hace un par de años, principalmente por la imposibilidad de desarrollarse como programa de excelencia en un entorno económico nada propicio para dar continuidad al proyecto planteado. Aún con todo, desde la UAM decidimos que el CEI UAM+CSIC sería nuestro nodo central de la apuesta de futuro para el período 2015-2018 y así ha sido valorado recientemente a través de la evaluación fi nal que se ha realizado desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Nuestro Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC se ha consolidado.

El futuro de la educación superior de nuestro país, un futuro aún incierto hace necesario abordar nuevas propuestas y detectar oportunidades, promoviendo un debate serio sobre las reformas necesarias para la modernización e internacionalización de la universidad. Ciertamente, el sistema universitario español presenta defi ciencias y debilidades para poder desarrollarse en un entorno cada vez más competitivo teniendo en cuenta los escasos recursos disponibles. Parece urgente abordar cambios estructurales y de financiación, cambios de gobernanza, cambios de racionalización en la oferta de titulaciones, de grado y de posgrado y cambios en las relaciones universidad-sociedad.

El posicionamiento de las universidades españolas entre las mejores, según las exigencias de los rankings internacionales, dependerá de su capacidad para responder a los siguientes retos: formar titulados capaces de competir en un mercado global, atraer y mantener talento, conseguir una financiación suficiente y basar sus decisiones en una gobernanza basada en la legitimidad y en la efectividad. Nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y en defi nitiva nuestro deber, es garantizar que los estudiantes adquieran conocimientos de vanguardia y capacidades flexibles de alto nivel. Esto es, desarrollar sistemas educativos diferenciados que vayan desde programas de grado a doctorado brindando a los estudiantes el acceso a experiencias internacionales.

La mejora de la calidad de la educación superior es precisamente el tema central del primer informe de la Comisión Europea del Grupo de Alto Nivel sobre la Modernización de la Enseñanza Superior. En mi opinión, la visión más clásica y “pre Bolonia” de la universidad está en franco retroceso. Al menos los que tenemos cierta edad, observamos los cambios producidos y sus resultados de forma fehaciente e irreversible. Y obviamente los seguiremos viendo, pues se suceden a gran velocidad. Los costes de la educación superior crecen debido a las inversiones en nuevas tecnologías, así como en profesorado y en personal de administración y servicios más profesional y competitivo.

Es precisamente en esta etapa de revolución social y económica en la que aparecen tecnologías disruptivas que aceleran los cambios drásticamente. Este el caso de los conocidos cursos de enseñanza en abierto, los MOOCs y otras innovaciones que estimularán futuras evoluciones o revoluciones de la Educación Superior.

En el ámbito de la educación, según palabras de Neil Sewyn, experto en internet y educación, “El Big Data e Internet ya son elementos integrales de la educación en naciones desarrolladas y podemos asegurar que su infl uencia continuará creciendo en todo el mundo durante los próximos años aunque cualquier intento de predecir la posible infl uencia de internet sobre las futuras formas de educación es un terreno incierto y de experimentación que, en cualquier caso, promoverá nuevos desarrollos y nuevas tecnologías y herramientas”.

Es evidente que la universidad debe jugar también en este terreno y aceptar el reto de contribuir a generar una sociedad y un mundo en el que el conocimiento suponga poder y en el que la información y el conocimiento sean accesibles y transparentes para todos.

Los MOOCS antes mencionados ofrecen la oportunidad de atender cursos de grandes profesores, referentes en su área, por una pequeña fracción de lo que cuesta estudiar en cualquier universidad. Esta evolución comenzó en 2008 y es obvio que estamos viviendo sus primeros pasos. Los MOOCS no eliminarán la formación presencial, especialmente en las universidades globales, pero si discriminará y causará efectos tremendos sobre aquellas universidades que dejen de ser competitivas con respecto a esta formación on-line masiva. La revolución tecnológica ofrece oportunidades que hay que considerar. Las universidades se enfrentan a un competidor muy potente en la forma de los MOOCS.

El potencial impacto no es económico, sino tecnológico en el sentido de que supone el desarrollo de nueva tecnología y aplicaciones, todavía insospechadas. La oportunidad que ofrecen para acceder a estudiantes e instituciones en cualquier parte del mundo es obvia; son elementos imprescindibles para la internacionalización, la visibilidad y la reputación de la universidad que los produce.

El pasado mes de mayo, se publicaba en el Times que las mejores universidades británicas sentían amenazadas sus posiciones en los rankings de reputación más reconocidos por el avance y la inversión que están realizando en las mejores universidades asiáticas. Según esta información, 27 universidades de élite británicas recibirán 9.400 millones de libras esterlinas en el periodo 2016-2017 para mejorar sus campus, laboratorios y espacios e infraestructuras docentes así como su imagen y competitividad para compensar el avance y la inversión que están realizando las universidades asiáticas. Me pregunto si en nuestro país alguien será capaz de tomar decisiones este tipo para mejorar nuestro sistema educativo superior.

Finalizo con una mirada esperanzadora hacia el futuro y siempre con el ánimo de seguir trabajando en pro de una Universidad mejor, una universidad pública de calidad en un Campus de Excelencia Internacional; un proyecto que iniciamos en 2009 y que constituye el futuro de nuestra universidad.

LA TAREA UNIVERSITARIA COMO COMPROMISO DE COHESIÓN Y PROGRESO SOCIAL

Yolanda Valdeolivas García

Decana de la Facultad de Derecho de la UAM

RJUAM, nº 29

Me honra ocupar las líneas de esta tribuna para dirigirme por escrito por primera vez, como Decana de la Facultad de Derecho de la UAM, a quienes conforman la comunidad universitaria en general y a los lectores de esta revista jurídica en particular. Se entenderá que tras esta presentación y todo lo que la misma signifi ca no pueda ocultarse una cierta dosis de inquietud, espero que razonable, por la importante responsabilidad que acabo de asumir con mi toma de posesión como Decana de una Facultad que, desde su origen, se ha caracterizado por un notable nivel de exigencia, tanto docente como investigador, constituyéndose en referencia inexcusable dentro de la Universidad Autónoma de Madrid y entre los centros docentes e investigadores en ciencias jurídicas a nivel nacional e internacional. No exagero si digo que jamás hubiera imaginado ocupar esta condición, tomando el testigo de personas de tanta altura intelectual y compromiso con esta Facultad como quienes me han precedido en el cargo, y por quienes siento una profunda admiración y respeto tanto en lo que afecta a su capacidad profesional cuanto, desde luego, a su dedicación universitaria. Aprovecho esta ocasión para agradecer a todos ellos el animarnos a seguir su ejemplo y a afrontar los desafíos de futuro que plantea la deseada mejora constante de nuestra Facultad y de la institución universitaria en su conjunto.

Y mi agradecimiento, también, para todos los miembros de la Facultad de Derecho, en cuya confi anza y respaldo he podido apoyarme para iniciar un trayecto que deseo mantener a la altura y nivel de exigencia que impone y siempre ha caracterizado a nuestra Facultad. De todos y cada uno de ellos sigo aprendiendo algo, día a día, aprovechando su experiencia y rigor en el trabajo y disfrutando, sobre todo, de un afecto que contribuye a hacer más amable y gratifi cante la gestión universitaria en particular y la vida en general. Confi eso abiertamente que me identifico con quienes piensan que el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado.

Pertenecer a esta Facultad ha sido siempre un orgullo para mí. Representarla a partir de ahora es un honor que comparto y en buena medida debo a quienes han ocupado el cargo antes que yo y a todos cuantos han participado activamente en su consolidación y mejora, haciendo que esta Facultad sea lo que hoy es; su inestimable ejemplo y colaboración me alienta en la tarea de seguir reforzando y progresando en la excelencia docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la UAM.

Facultad que, además, siempre se ha sentido involucrada y comprometida con todo cuanto nos rodea. En primer lugar, con el gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, porque la una no se entiende sin la otra. Por eso, muchos consideramos que el privilegio de formar parte de esta Facultad se engrandece por pertenecer a la Universidad Autónoma de Madrid, cuyo destino condiciona el nuestro y viceversa. Como suelo reiterar, ser de la UAM no es un eslogan, sino una seña de identidad que portamos con orgullo; y que casi todos los que entramos en la Universidad Autónoma descubrimos pronto que, en realidad, es ella la que ha entrado en nosotros; y que a ella rendimos cuentas de nuestro quehacer universitario. Y me atrevería a decir que, incluso, personal, porque sin la UAM no se explica nuestro propio proyecto de vida. Ello nos obliga a una exigencia y responsabilidad profesional y ética elevadas y nos compromete a un esfuerzo individual y colectivo a la altura de la institución en la que nos integramos y a la que servimos, y del servicio público que ejercemos. La carrera universitaria, parte esencial de nuestra vida, como la vida misma, no se desarrolla en solitario, sino en compañía de quienes nos han animado o inspirado y de numerosos proyectos, no pocos conjuntos, que contribuyen a alcanzar metas profesionales y personales ambiciosas.

Dice un proverbio africano que si quieres llegar rápido, debes ir solo, pero si quieres llegar lejos, has de ir con otros. Me gustaría llegar lejos en esta nueva etapa, y para ello solicito la cooperación y acreditada responsabilidad de cuantos trabajan y estudian en esta Facultad. Ni me quiero ni me siento sola en ese propósito; cuento con un equipo de personas a la altura de las complejas tareas y objetivos que tenemos propuestos. A ellos quiero expresar mi profundo agradecimiento por haber aceptado acompañarme en este ilusionante viaje, por darme su confi anza, haciendo un ejercicio de generosidad coherente con su valía profesional, con sus muy consolidadas trayectorias académicas y su contrastada competencia docente e investigadora. Se trata de personas que, entiendo, conocen bien la Facultad y son a su vez fácilmente reconocibles como docentes e investigadores muy comprometidos con ella, lo que les confi ere una posición de privilegio para afrontar las tareas de sus respectivas competencias y unas inmejorables condiciones para afrontar la responsabilidad que amablemente han aceptado compartir conmigo.

Asumimos un compromiso colectivo que, sacrifi cios personales al margen, se fundamenta en la convicción de que no puede haber tarea más gratifi cante que recibir la confi anza para empeñarse en facilitar los medios, planifi car las estrategias y establecer las sinergias necesarias para que la investigación y la docencia en nuestra Facultad se siga desenvolviendo en las cotas de calidad por las que es conocida. Sin duda, el reconocimiento que las tareas de dirección de la Facultad encuentra entre quienes las ejercen sirve de estímulo impagable para acometer con entusiasmo la gestión y gobernanza de los asuntos de nuestro centro y aun de la Universidad, que todos entendemos como propios y a cuya mejora intentamos coadyuvar.

Todo ello explica que la Facultad de Derecho sea reconocida, en el marco de la Universidad Autónoma, como un sujeto que, en lo estructural, habla con una única y sólida voz, y que es capaz de anteponer los intereses generales de la UAM a los particulares de nuestra Facultad. Creo, sinceramente, que somos ejemplo de colaboración y lealtad institucional, que me propongo mantener, advirtiendo de inmediato que tampoco escatimaré esfuerzos en el empeño de reclamar de nuestro equipo de gobierno de la Universidad, y de las autoridades políticas competentes en materia de educación superior, el espacio y el peso que esta Facultad se ha ganado con creces, día a día. La coherencia y esfuerzo de nuestra Facultad de Derecho por mantener esa actitud hace deudores a aquellos de un mayor nivel de receptividad a nuestras singularidades y me parece legítimo aspirar a que nuestra voz se haga oír con mayor nitidez en todo lo que suponga un tratamiento específi co de nuestras peculiaridades en el modo de crear y transmitir el conocimiento. No hay excusa posible para desaprovechar la capacidad de nuestros docentes e investigadores en un proyecto global de Universidad que asegure el conocimiento y su transferencia, la investigación y la innovación en un marco económico, social y cultural sostenible.

Mi propósito es, por tanto, hacer visible y reconocible nuestra función docente e investigadora. Pero no menos nuestro rol de transformación de la realidad social. Este es, precisamente, el segundo objetivo que anticipaba al señalar nuestra explícita contribución e intención de involucrarnos activamente en los problemas que nos rodean. Desde la Facultad participamos de la idea, y queremos coadyuvar a su actualización, de que es inconcebible una sociedad, no solo culta, sino también libre, sin una Universidad robusta, crítica y comprometida con su función social. La misión de educar, formar e investigar es nuestro mejor patrimonio y debemos tener capacidad de movilización y respuesta cuando esa misión se transforma en un privilegio poco accesible, que cada vez más escatima recursos y medios necesarios, como si su misión fuera prescindible o superfl ua o, si se quiere, un lujo al alcance y para satisfacción de unos pocos. Por el contrario, la Universidad pertenece a la sociedad entera, cuyo progreso, libertad, bienestar y solidaridad, valores hoy tan cuestionados, no existen sin aquella. La educación, a todos los niveles, incluida la enseñanza superior, debe reivindicarse y articularse como elemento de cohesión social y como derecho que garantiza el funcionamiento de las sociedades democráticas, porque el nivel educativo de las sociedades determina el horizonte de posibilidades y el grado de bienestar de los ciudadanos. Por expresarlo en palabras de Marjane Satrapi, “la educación es una arma de construcción masiva”.

Por ello, en lo que nos concierne más directamente, para que acceder a la Universidad deje de ser tal privilegio, hemos de poner cuantas capacidades y medios estén a nuestro alcance para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a nuestras aulas y el más óptimo y riguroso desarrollo de las enseñanzas. Y debemos asegurar con idéntica intensidad que nuestros alumnos reciban una formación integral; que, al abandonar las aulas, sobre ser buenos profesionales, hayan adquirido los valores que dieron origen y siguen justifi cando esta institución, mostrando el más elevado sentido de la responsabilidad que les haga sentirse los más obligados servidores de la sociedad y el interés general y firmes defensores de que la educación es el único instrumento para transformar el mundo y mejorar nuestra vida.

Para caminar hacia ese objetivo, el programa que presenté para las elecciones al Decanato de la Facultad de Derecho de la UAM contiene propuestas, ambiciosas pero realistas, dirigidas a dar respuesta a necesidades cuya desatención podría llegar a poner en cuestión lo que hacemos, máxime en una situación económica que difi culta gravemente afrontarlas con garantías de éxito y en un entorno social que no puede permanecer adormecido a la espera de tiempos mejores. Debemos hacer un uso imaginativo, valiente y, desde luego, efi caz de los escasos recursos disponibles. Decía Séneca que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Atrevámonos, entonces, porque no podemos renunciar a seguir consolidando la calidad de nuestras enseñanzas e investigación, de las que, en no poca medida, depende el bienestar social y el desarrollo económico de los ciudadanos. Hagamos de la difi cultad oportunidad.

Aquellas propuestas del programa han querido incidir sobre lo que estimo la espina dorsal de nuestra actividad: los colectivos de personal docente e investigador, de personal de administración y servicios y de estudiantes; los estudios de grado y posgrado; su progresiva internacionalización en un contexto económico, social y cultural globalizado; la investigación e innovación para responder ágil y efi cazmente a los retos que ese contexto globalizado impone; el reforzamiento de las relaciones institucionales con entidades públicas y privadas, llamadas a cooperar recíproca y lealmente a ese propósito; o, en fi n, la transferencia social y visibilidad de nuestra actividad al servicio del bien común y el progreso social y económico, por señalar algunas. Confío en que todas ellas rindan pronto resultados positivos y sean capaces de aunar en un esfuerzo común el mayor número de voluntades en nuestra Facultad y fuera de ella.

Esos objetivos comparten nuestra misión como Facultad con la que es propia de la UAM y de la Universidad en su conjunto, aunque no puede dejar de obviarse que el contexto no favorece ahora, ni es esperable que en un futuro inmediato, su mejor consecución, y que los duros recortes que venimos padeciendo las instituciones, los docentes y el personal de administración y servicios, así como los propios alumnos de manera muy singular difi cultan sobremanera un entorno adecuado que nos anime a emprender acciones que, por ambiciosas, estarían condenadas al fracaso o la melancolía. Hemos de ser conscientes de que todo lo que represente una inversión económica en recursos humanos, hoy por hoy ya desmotivados en buena medida y no sin razones, o en recursos materiales, que no es previsible que podamos reclamar a unas autoridades que no entienden la educación en todos sus niveles como una prioridad que, en tiempos de crisis, se hace aún más inexcusable, está prácticamente descartada a priori. Por ello, creo más conveniente ahora ser prudentes y realistas en los proyectos y no aspirar a cambios radicales, más allá de lo que permitan nuestros propios recursos internos y nuestra propia capacidad para gestionarlos con habilidad. Aun cuando ello no obsta señalar que creo factibles reformas tanto en el plano docente como investigador que, sin costes excesivos, sean susceptibles de mejorar nuestra actividad y sus resultados. Sin renunciar, desde luego, a reformas radicales que reclamamos y para las que buscaremos las alianzas y apoyos externos que sean adecuados.

Nuestra sociedad, la Universidad y nuestra Facultad de Derecho se encuentran en un momento crítico. De las decisiones que tomemos a corto y medio plazo dependerá la salida digna de esa situación o, por el contrario, entrar en una deriva indeseable. Para lo primero, la salida digna y aun reforzada que nuestra Facultad merece, es imprescindible el esfuerzo y compromiso de todos. La tarea universitaria nunca fue fácil, pero en buena compañía y movida hacia un objetivo común, además de más grata, se torna más eficaz. Cada uno de los universitarios debe ejercer su actividad y cumplir sus obligaciones con honestidad y el máximo rigor, persuadidos de que de su contribución, por pequeña que se considere, condiciona la marcha de la institución.

Y en esa responsabilidad común me dirijo especialmente a los docentes en un momento en que el entorno no favorece plenamente su reclamada corresponsabilidad. En este sentido, quiero resaltar que comparto la máxima pedagógica de que los profesores enseñan tanto por lo que saben, como por lo que son, aunque a menudo parezca ignorarse en el ámbito universitario. Esa ignorancia supondría tanto como pensar que en la Universidad la dimensión personal del profesorado, como de su personal administrativo, se hiciera invisible en el ejercicio profesional y no afectara a la calidad de la enseñanza. En mi opinión, no es así y buena parte de nuestra capacidad de formar a los estudiantes se deriva precisamente de lo que somos como personas, de nuestra forma de presentarnos y relacionarnos con aquellos. Así que no solo nuestra más alta competencia profesional sino también nuestro ejemplo ético, dignidad y honestidad deben ser guía de nuestra actividad como universitarios. Recuerdo en este instante al querido y añorado Profesor Tomás y Valiente, verdadero ejemplo de lo que debe aspirar a ser un universitario, cuando decía: “hay un modo de educar que se produce de manera incluso involuntaria en el trato entre profesores y discípulos: aquéllos ofrecen, tanto si son conscientes de ello como si no, su conducta como ejemplo, y con aquélla y con éste, buenos o malos, educan, bien o mal, a sus alumnos. Tal vez en ello consista la dignidad mayor de este arriesgado ofi cio, ejercido día a día ante un público exigente y lúcido”.

La Universidad no puede dejar de analizar la realidad que nos rodea con el rigor que debe guiar todo proyecto científi co, pero tampoco ha de olvidar la motivación de cambiar tal realidad cuando la misma impide el mayor progreso y bienestar social. Realmente necesitamos imaginar un mundo mejor, como reclamaba Lennon, que la educación lo persiga y que ella misma avance como instrumento cada día más efi caz en ese empeño. Debemos aspirar a otra realidad que anime nuestra conciencia dormida y genere insatisfacción con el mundo que nos rodea; que cada uno se imagine capaz de mejorar por medio de la educación. De ahí la relevancia de la universalización de la educación y del principio de equidad e igualdad de oportunidades que la inspira. En este sentido, deseo que la universidad se independice del poder fi nanciero y económico que tanta infl uencia despliega en la vida política y mediática de nuestro país; y que deje de ser leída casi siempre en clave utilitarista o en términos de efi ciencia. Aun cuando tampoco dejaría de recordar a quienes se empeñan en meternos en ese envoltorio que no existe ninguna otra inversión que produzca mayores y mejores retornos sociales y económicos que la educación.

Si no fuera también por esto último, mantener un proyecto emancipador para la educación y la Universidad resultaría misión imposible y parece ciertamente incompatible con los mensajes que recibimos de la política, la administración, los medios de comunicación, las agencias de evaluación y los organismos internacionales, cuyo lenguaje hemos llegado a asumir acríticamente sin apenas percibir que detrás de los conceptos se oculta un nuevo modelo educativo y de Universidad que aprovecho para denunciar. Términos como competitividad, rendimientos, resultados, efi cacia, rendición de cuentas, rentabilidad, mercado, mundo laboral, evaluación de la calidad, pruebas externas, privatización, fracaso, indicadores, ranking y tantos otros alejan el discurso de la verdadera razón de ser de la educación como formación humana y distraen la confi anza en una ciudadanía responsable, colaboradora y solidaria, donde los sujetos se sientan libres, se compensen las desigualdades y se fomente el pensamiento libre, crítico y creador. La educación debe reivindicarse, según he señalado más arriba, como elemento de cohesión social y como derecho democrático.

El escenario que hoy rodea a la Universidad puede inducirnos a una visión pesimista. Es evidente que el espíritu crítico y autocrítico que defi nen al universitario propicia con frecuencia que en lo que afecta a la Universidad se incurra en pesimismo. Quizás es porque solemos ser tan vanidosos que creemos que ser pesimista es una de las expresiones de ser inteligente o, por el contrario, que ser optimista es no enterarse de lo que está pasando.

Como no me siento ni vanidosa ni ignorante, quiero concluir abriendo puertas a la esperanza y cerrando vías al conformismo. Por ello, en este momento y con mi nueva condición renuevo públicamente mi compromiso personal e institucional con la Universidad pública y de calidad, y con la Universidad Autónoma de Madrid en especial; creo representar a muchos si aseguro que pondremos lo mejor de que somos capaces por estar a la altura de esa responsabilidad y demandaremos a nuestras autoridades políticas y académicas gestionar la escasez con sabiduría, reconociendo que detrás de cada decisión se halla el futuro de este país.

Cuento con todos y cada uno de los que componen esta comunidad universitaria y todos ellos cuentan conmigo para cruzar el puente de las aguas turbulentas de las restricciones presupuestarias y el desafecto de los poderes públicos que tanto nos están minando. De forma que, cuando lleguemos a la otra orilla, se haya minimizado su impacto y pisemos una ribera menos hostil. Estoy orgullosa de pertenecer a esta comunidad universitaria y nada sería más satisfactorio para mí que, al fi nal de mandato, hayamos podido daros motivos para que os sintáis orgullosos de nosotros. Mi esfuerzo personal e institucional para esa tarea tan compleja como apasionante queda comprometido formalmente.

Yolanda Valdeolivas García. Madrid, julio de 2014.