Número 36 de la RJUAM

El número 36 de la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid ya está disponible. Consulta el contenido del número y los sumarios en Dialnet

  • Premio Jóvenes Investigadores

Vídeo del Foro-Debate: Sentencia de la Manada

Debido al gran interés que despertó la celebración del foro de debate dónde se analizó la Sentencia de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Navarra de 20 de marzo de 2018 (caso “La Manada”), decidimos grabar la sesión y subirla en Internet. De esta forma, todos aquellos que no pudisteis asistir tenéis ahora la oportunidad de disfrutar de las exposiciones de los ponentes.

Podéis consultar el vídeo de la sesión en el siguiente enlace: https://youtu.be/nxC_L2pa5mk

video manada

 

Celebración del Foro-Debate Sentencia de la Manada

Hoy 10 de mayo, a las 12h30 hemos celebrado el foro de debate previsto con el objeto de analizar la reciente Sentencia de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Navarra de 20 de marzo de 2018 (caso “La Manada”).

El evento finalmente se ha celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autonoma debido a la gran afluencia que hemos recibido. En él acto han intervenido:

– prof. María Acale Sánchez (catedrática de Derecho penal, UCa)
– prof. Manuel Cancio Meliá (catedrático de Derecho penal, UAM)
– prof. Víctor Moreno Catena (catedrático de Derecho procesal, UC3M).

Queremos dar las gracias a todos los asistentes por la gran acogida del evento.

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Fotografías durante la celebración del evento.

cartel foro «La Manada»

 

Foro de debate – Análisis de la Sentencia de «La Manada»

El próximo jueves, 10 de mayo, a las 12h30, tendrá lugar un foro de debate, organizado por la RJUAM, con el objeto de analizar la reciente (y polémica) Sentencia de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Navarra de 20 de marzo de 2018 (caso “La Manada”).

El evento tendrá lugar en la Sala de vistas (planta sótano del Edificio de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales), y en él intervendrán:

prof. María Acale Sánchez (catedrática de Derecho penal, UCa)
prof. Manuel Cancio Meliá (catedrático de Derecho penal, UAM)
prof. Víctor Moreno Catena (catedrático de Derecho procesal, UC3M)

La presentación y moderación correrán a cargo de la prof. Mercedes Pérez Manzano (catedrática de Derecho penal, UAM).

La asistencia es libre hasta completar aforo.

cartel foro «La Manada»

Convocatoria del VIII Premio Jóvenes Investigadores

BASES DE LA VIII EDICIÓN DEL PREMIO JÓVENES INVESTIGADORES

VIII Premio RJUAM - Difusión

  1. MODALIDADES Y OBJETO

El Premio Jóvenes Investigadores se convoca en las siguientes modalidades:

  1. Derecho Público y Filosofía Jurídica
  2. Derecho Privado, Social y Económico
  3. Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

La Facultad de Derecho y la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid convocan el VIII PREMIO JÓVENES INVESTIGADORES con el fin de fomentar el acercamiento de los estudiantes de Grado y Máster a la investigación científica y a la presentación de ponencias en congresos científicos. El objetivo del Premio es crear un espacio en el cual los estudiantes puedan dar sus primeros pasos en la investigación —desde la formulación de hipótesis de trabajo, el desarrollo de una metodología y la búsqueda bibliográfica y jurisprudencial, hasta la elaboración de conclusiones a partir del material analizado— y la presentación bajo la forma de trabajos académicos, en jornadas abiertas al público universitario.

La asignación de dichos trabajos académicos a cada modalidad se llevará a cabo conforme a la división departamental de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

  1. PARTICIPANTES

Podrá participar en el Premio cualquier estudiante de Grado o Máster matriculado en una Facultad de Derecho o de Ciencias Políticas de cualquier Universidad española o extranjera, durante los cursos académicos 2017-2018 o 2018-2019. Cada participante podrá presentar un único trabajo.

La participación consistirá en presentar públicamente, en ponencias de hasta quince minutos, los resultados de sus investigaciones, tras una fase previa de selección de los trabajos enviados. Esta fase previa, que tendrá por objeto la selección de los trabajos finalistas, se realizará conforme a un sistema de doble ciego, y la decisión será inapelable.

  1. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

– Cada participante enviará una propuesta original, redactada en español, con una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 15, incluida la bibliografía, las notas al pie de página (interlineado sencillo, 10 puntos), y en su caso, gráficos, imágenes y anexos; el resumen y palabras clave en español e inglés, en tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 e interlineado a 1.5 puntos, márgenes inferiores y superiores a 2,5, y derecho e izquierdo a 3. Se recomienda que los trabajos se adapten al Manual de Estilo de la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid

– La propuesta de trabajo no podrá encontrarse publicada antes de que se dé a conocer el fallo del Jurado. A estos efectos se considerará que ha sido publicado cuando se encuentre reproducido de forma múltiple en cualquier formato de impresión o medio audiovisual, ya sea con contraprestación económica o de forma gratuita.

– Los trabajos podrán ser individuales o en grupos (máximo de 2 personas por propuesta) y podrán tener como objeto cualquier tema relacionado con las materias propias de las ciencias jurídicas y políticas.

– Todos los participantes se comprometerán a defender pública y presencialmente su trabajo ante el Jurado que se designe.

– Podrá ser tutor de la investigación cualquier persona que ostente título de doctor, profesor y/o investigador con vinculación a entidades de educación superior.

– Las propuestas irán acompañadas de una carta de aceptación del tutor, que habrá de incluir el nombre, apellidos, DNI y afiliación de tutor y participante, junto con el título del trabajo y la concreta modalidad por la que se concursa, junto con el área jurídica en la que se enmarca la investigación. La asignación del trabajo a una determinada modalidad del premio se realizará conforme a la división departamental de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, de acuerdo con el punto primero de estas bases.

– También deberá acreditarse documentalmente la matrícula en una Facultad de Derecho o de Ciencias Políticas de cualquier Universidad española o extranjera, durante los cursos académicos 2017-2018 o 2018-2019 (bastará con el resguardo de la matrícula).

– Las propuestas se enviarán, en formato Word, a la dirección premio.rjuam@gmail.com, antes de las 20:00 horas del 30 de septiembre de 2018.

Quedarán excluidos los trabajos que no cumplan las indicaciones anteriores.

  1. DOTACIONES

Para todas las modalidades se establece un primer premio y un accésit.

PRIMER PREMIO: 300 euros en metálico

ACCÉSIT: vale de 100 euros canjeable en la librería Marcial Pons.

El Premio podrá declararse desierto.

La entrega de los premios quedará supeditada al envío de los trabajos definitivos para su publicación en la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma (RJUAM).

Tanto los tutores como los autores de todos los trabajos premiados con Primer Premio y Accésit recibirán certificado acreditativo del Premio obtenido; de igual manera, los trabajos seleccionados, defendidos presencialmente, que no hayan sido premiados, recibirán el correspondiente certificado acreditativo.

  1. PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS PREMIADOS

En su caso, el texto íntegro de los trabajos premiados será publicado por la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, podrán ser objeto de publicación los trabajos que, a juicio del Consejo de Redacción, sean merecedores de publicación y así interese al autor o autores del mismo.

  1. PLAZOS

Las propuestas de investigación deberán enviarse, junto con la documentación adicional que se describe en el apartado 3 de estas bases, por correo electrónico a la siguiente dirección: premio.rjuam@gmail.com. La recepción de los trabajos finaliza el día 30 de septiembre de 2018, a las 20.00h. Se enviará justificante de la recepción de los trabajos presentados.

La selección de trabajos será comunicada por correo electrónico a todos los participantes antes del 31 de octubre de 2018, junto con el emplazamiento a la jornada pública de exposición de trabajos, que tendrá lugar entre el 15 de noviembre y el 20 de diciembre de 2018.

  1. JURADOS Y FALLO DEL PREMIO

Se constituirá un Jurado por cada una de las tres modalidades objeto de este Premio. Cada Jurado será seleccionado y nombrado por la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid y estará integrado por profesores e investigadores universitarios, pertenecientes a las áreas en las que los trabajos presentados se engloben. La Revista se reserva el derecho de declarar una modalidad desierta si en la misma se presentan menos de tres trabajos.

A la hora de evaluar los trabajos presentados, cada Jurado tendrá en cuenta tanto el texto de la investigación enviado como la presentación oral realizada. La decisión de cada Jurado se adoptará por mayoría de votos de sus componentes. La resolución de los Jurados será inapelable, renunciando los concursantes a toda clase de acciones judiciales o extrajudiciales. Dicho fallo se publicará en nuestra página web y se comunicará a los interesados.

  1. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PROTECCIÓN DE DATOS

La participación en el Premio supone la aceptación de todas las bases.

El incumplimiento de las condiciones que se hubieran tenido en cuenta para la concesión de los Premios podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, así como al reintegro de las cantidades percibidas. En particular, se considerará un incumplimiento la falta de envío, por parte del ganador/a, del trabajo premiado para su publicación en la revista. Dicho envío deberá producirse dentro de los cinco meses siguientes a la concesión del premio.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los participantes quedan informados y manifiestan su consentimiento expreso e inequívoco para la incorporación a los ficheros, responsabilidad de la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, de los datos personales que nos faciliten así como para, en el caso de ser premiados, la publicación de los mismos, incluida su imagen, en la página web y las redes sociales de la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid.

Descarga las bases en pdf: aquí.

 

Tercera sesión de las XVIII Jornadas de la RJUAM

800 x 600 Mesa 3

El pasado 20 de marzo se celebró la tercera sesión de las XVII Jornadas de la RJUAM, bajo la temática de la relación entre las plataformas de la economía digital (Uber, Deliveroo y Glovo) y sus trabajadores. Los ponentes de la sesión fueron:

  • Luis Enrique de la Villa Gil (Catedrático emérito de Derecho del trabajo, UAM).
  • Javier Doz Orrit (miembro del Comité Económico y Social Europeo).
  • María Visitación Álvarez Pérez (Inspectora de Trabajo y Seguridad Social).

Queremos dar las gracias a todos los asistentes de las tres sesiones de las XVIII Jornadas RJUAM. Os esperamos en la próxima edición.

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Segunda sesión de las XVIII Jornadas de la RJUAM

800 x 600 Mesa 2

El pasado 13 de marzo se celebró la segunda sesión de las XVIII Jornadas de la RJUAM, bajo la democracia interna de los partidos políticos. Los ponentes de la sesión fueron:

  • Guillermo Cordero (Prof. ayudante doctor de Ciencia Política, UAM).
  • Silvia Claveria (Investigadora posdoctoral en Ciencia Política, UC3M).
  • Miguel Pérez Moneo (Prof. de Derecho constitucional, UB).

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Primera sesión de las XVIII Jornadas de la RJUAM

800 x 600 Mesa 1

El pasado 6 de marzo se celebró la primera sesión de las XVIII Jornadas de la RJUAM, bajo la temática de la selección de magistrados de tribunales internacionales y altos tribunales. Los ponentes de la sesión fueron:

  • Daniel Sarmiento (Prof. Titular de Derecho administrativo y de la Unión Europea, UCM).
  • Ignacio González Vega (Magistrado. Portavoz de Juezas y Jueces para la democracia).

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XVIII Jornadas RJUAM

Nos complace comunicaros que las XVIII Jornadas de la Revista Jurídica de la UAM tendrán lugar en las fechas que abajo se indican, conforme al programa que también se desglosa:

  • Primera sesión: martes 6 de marzo, de 13h a 15h. La selección de magistrados de tribunales internacionales y altos tribunales. Intervendrán:
    • Daniel Sarmiento (Prof. Titular de Derecho administrativo y de la Unión Europea, UCM).
    • Ignacio González Vega (Magistrado. Portavoz de Juezas y Jueces para la democracia).
  • Segunda sesión: martes 13 de marzo, de 12h a 14h. La democracia interna de los partidos políticos. Intervendrán:
    • Guillermo Cordero (Prof. ayudante doctor de Ciencia Política, UAM).
    • Silvia Claveria (Investigadora posdoctoral en Ciencia Política, UC3M).
    • Miguel Pérez Moneo (Prof. de Derecho constitucional, UB).
  • Tercera sesión: martes 20 de marzo, de 12h a 14h. La relación entre las plataformas de la economía digital (Uber, Deliveroo y Glovo) y sus trabajadores. Intervendrán:
    • Luis Enrique de la Villa Gil (Catedrático emérito de Derecho del trabajo, UAM).
    • Javier Doz Orrit (miembro del Comité Económico y Social Europeo).
    • María Visitación Álvarez Pérez (Inspectora de Trabajo y Seguridad Social).

Todas las sesiones tendrán lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho (1.ª planta del edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas).

La asistencia es libre hasta completar aforo.

Cartel XVIII Jornadas Web.jpg

Tribuna de opinión: El estado actual de la abogacía española

EL ESTADO ACTUAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Victoria Ortega Benito

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

RJUAM núm. 34

 

I. EL PAPEL DE LA ABOGACÍA

Tiene razón Antonio Garrigues cuando afirma que la Abogacía española compite de igual a igual, y en muchos casos con superioridad, con el resto de las Abogacías europeas, si acaso excluyendo a la británica. Buena prueba de ello es que muchos despachos españoles están entre los primeros de Europa y su trabajo es reconocido por todos. Tenemos mejores abogados en el acceso a la profesión, como consecuencia de la Ley de Acceso, y excelentes abogados que se forman permanentemente como exige nuestra profesión. Pero también es cierto que hasta hace poco, la Abogacía era una actividad casi artesanal, sin una visión empresarial y tecnológica. Sin embargo, la globalización, los rápidos avances científicos y tecnológicos, la incesante producción legislativa y los profundos cambios sociales plantean nuevos desafíos a los que el Derecho como sistema de convivencia debe dar respuesta y que exigen también de cada abogado nuevas aptitudes y una nueva actitud.

En la Abogacía estamos sufriendo una durísima competencia: si hace veinte años había en nuestro país 45.000 abogados, hoy somos 150.000 los que competimos por un mercado limitado. No hay más pleitos porque haya más abogados. Sí hay peligros o amenazas que acechan a la profesión como el intrusismo o los servicios jurídicos paralegales que pueden conducir a la inseguridad jurídica, a la mercantilización del derecho, a la oferta de servicios low cost que no garanticen calidad ni seguridad jurídica o al uso de herramientas que pueden poner en peligro la confidencialidad ele la información que manejamos y el secreto ele las comunicaciones.

La Abogacía tiene que cambiar y adecuarse a las exigencias del tiempo en que vive, pero nunca puede ser una mercadería intercambiable con otros servicios, ni un mal entendido complemento de servicios financieros o de consultoría. Desempeña una función esencial para la construcción del Estado y la defensa diaria de los derechos de los ciudadanos.

II. FORMACIÓN Y NUEVAS HABILIDADES

Los abogados y abogadas debemos desarrollar nuevas habilidades y competencias para adaptarnos a los cambios. Los despachos deben modernizarse, lo están haciendo ya necesariamente, con nuevos medios y con técnicas de marketing, comunicación o gestión para adaptarse a las necesidades de los clientes. La clave de la supervivencia radica en la búsqueda de la excelencia, con una formación constante y global, y un riguroso respeto a la deontología profesional.

La formación continua es imprescindible, porque una de las características de un buen profesional de la Abogacía es la humildad de reconocer que jamás lo sabrá todo y debe estar en permanente aprendizaje. Pero tan importante o más es la formación inicial, pues de las herramientas, habilidades y competencias que un joven adquiera en la Universidad va a depender enormemente su desarrollo profesional futuro.

La Abogacía institucional reclamó durante años -nada menos que 90- una Ley de Acceso a la profesión de Abogado. La Ley 34/2006, de 30 de octubre, no entró en vigor hasta 2011, tras una larguísima vacatio legis de cinco años. Con esta Ley -y la aprobación de su Reglamento en junio de 2011 a través del Real Decreto 775/2011-, se modificó el sistema de acceso a la profesión y se estableció como requisito la realización de un máster específico de Abogacía y un examen de acceso como paso previo a la colegiación y el ejercicio profesional.

Desde su entrada en el Congreso hasta su publicación en el BOE, la Ley sufrió diversas modificaciones, muchas de ellas a petición de la Abogacía. Así, se consiguió que solo las Universidades públicas y privadas y las Escuelas de Práctica Jurídica homologadas pudieran impartir el curso de acceso; que el profesorado esté formado al menos por la mitad de profesionales colegiados ejercientes; que se mantuviera la prueba de evaluación final y el título profesional; o que la norma recogiera una referencia expresa a la Ley de Justicia Gratuita en la exposición de motivos.

Con ser este uno de los mayores logros de la Abogacía, no estamos del todo satisfechos y estamos trabajando ya con el Ministerio de Justicia y las Universidades para que las pruebas sean eminentemente prácticas. El grado forma juristas; el máster debe formar abogados y abogadas, perfectamente preparados para defender los derechos de los ciudadanos. Y demandamos por ello una mejora del sistema de acceso para que prime lo profesional sobre lo académico. No obstante, la valoración de estos cinco primeros años de aplicación de la Ley tiene que ser positiva. Hay que cambiar algunas cosas, y la Abogacía lo está exigiendo reiteradamente, pero el sistema está logrando el objetivo fundamental: abogados mejor preparados para el ejercicio profesional.

La enseñanza universitaria debe adaptarse también a los cambios sociales, tecnológicos y científicos que estamos experimentando en nuestras sociedades y enfocarse a una formación más global, más transversal, que abarque varios campos, pues el mundo del Derecho afecta a todas las áreas de la sociedad y de la vida. Como ha escrito Antonio Garrigues en el número l00 de la revista Abogacía «El estamento jurídico español no debe estar al margen -y en gran medida lo está- de una imparable revolución tecnocientífica que ya está afectando y lo seguirá haciendo a derechos básicos de la ciudadanía y así mismo a la práctica judicial y profesional.

Las Facultades de Derecho de nuestras Universidades, y estas en su conjunto, tendrán que aceptar que ya existe un derecho tecnológico y también un derecho científico con sus propios principios y peculiaridades. Han surgido como en su día surgieron el derecho laboral, el derecho contable o el derecho del medio ambiental. Estos nuevos derechos requieren su propio espacio formativo y pueden convertirse en una fuente importante de actividad profesional. Y esto, por cierto, se aplica tanto a los grandes o medianos despachos como a las firmas pequeñas y a los abogados que practican el ejercicio individualmente. El conocimiento de los temas antes reseñados va a ser de hecho un instrumento especialmente eficaz para reducir distancias y equilibrar oportunidades».

La formación inicial, reitero, que un estudiante adquiere en el Grado y profundiza mediante la especialización en el máster de Acceso a la Abogacía, es la base para que los jóvenes afiancen su futuro profesional y contribuyan a la riqueza y el progreso de nuestro país.

III. DERECHO DE DEFENSA

Abogacía es cooperadora esencial en la Administración de Justicia, no mera intérprete de la ley. De ahí la insistencia en la búsqueda de la excelencia basada en la mejor formación. Y esto no es solo para incrementar el volumen de negocio de nuestros despachos, sino porque la Abogacía es un pilar fundamental del Estado de Derecho y tiene una gran responsabilidad social.

Nuestra obligación es contribuir a la seguridad jurídica de los ciudadanos y para ello, debemos comenzar por exigir que se garantice el Derecho de Defensa. El Consejo General de la Abogacía Española lleva tiempo reclamando una Ley del Derecho de Defensa que garantice la libe1tad y la independencia de los abogados. Ya enviamos un borrador al Gobierno y volveremos a insistir en esta legislatura, aunque el ministro Catalá ya se ha comprometido a promoverla en su toma de posesión tras la formación del nuevo Gobierno.

Con esta Ley, se pondría fin a actuaciones que, sin base legal, violan el derecho de defensa, como por ejemplo el secreto de las comunicaciones abogado-cliente; se asegurarían los derechos de los ciudadanos y la efectiva realización del principio de contradicción en igualdad entre las partes, para evitar desequilibrios o limitaciones que puedan conducir a indefensión.

Reclamamos que los abogados estén en plano de igualdad y sean respetados por el resto de los actores de la Justicia, en la idea de que es básicamente esencial para el logro de la Justicia como base de la paz social, la convergencia de la función del juez y el abogado que ha de fundarse sobre tres pilares: la independencia judicial, la independencia y libertad de la defensa y la responsabilidad de unos y otros.

En esta línea, el Pleno del Consejo General aprobó por unanimidad el 12 de junio de 2013 el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española que sustituye al aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, aunque este texto sigue pendiente de aprobación por el Ministerio de Justicia. Entre otras cuestiones, el nuevo Estatuto reafirma el Derecho de Defensa; actualiza el ejercicio de la profesión; promueve la democracia interna; refuerza la vanguardia tecnológica y actualiza el régimen deontológico y sancionador. Al mismo tiempo, fija los derechos y deberes de los letrados en relación con sus clientes, mientras que potencia la conciliación de la vida familiar y profesional de los abogados y abogadas.

Pero también exigimos a todos los compañeros y compañeras una mayor autoexigencia deontológica, porque en nuestra profesión no caben los que no respetan los principios éticos y deontológicos o de una u otra forma violentan la Ley. Estamos trabajando en la revisión de nuestro Código Deontológico porque tenemos que responder a los nuevos retos de una sociedad que cambia y que exige respuestas éticas que en nuestra profesión deben ser consustanciales al trabajo que realizamos.

IV. COMPROMISO SOCIAL

La Abogacía no se entiende sin el compromiso con la ciudadanía. La Abogacía Española es responsable y defensora de un servicio público como la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, esenciales en un Estado social y democrático y de Derecho para garantizar el acceso a la Justicia y los derechos de las personas más vulnerables. Actualmente, casi 44.000 abogados y abogadas prestan este servicio modélico 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España, sin apenas quejas de los usuarios y con una alta valoración, como demuestran las encuestas que hacemos. Estamos atendiendo a un millón de personas al año, aproximadamente.

Nuestra responsabilidad es garantizar que se presta en las debidas condiciones, que acceden a ella quienes lo necesitan, y la obligación de las administraciones públicas es que los abogados reciban una justa contraprestación por este trabajo fundamental para la cohesión y la paz social, pues garantiza el cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.

V. DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Y si hablamos de la función social de la Abogacía, no quiero dejar de mencionar la mayor catástrofe humanitaria y de Derechos Humanos que estamos sufriendo desde la II Guerra Mundial y la vergonzosa respuesta que estamos dando. Me refiero a la crisis de los refugiados.

Los principios fundacionales de la Unión Europea han sido sacudidos por esa extraordinaria crisis migratoria y por un sistema económico que ha puesto las leyes del mercado por encima de los derechos de las personas. También por el terrorismo islamista que ha golpeado varios países europeos y que ha provocado, además de la pérdida irreparable y absurda de vidas humanas, el sacrificio de muchos derechos en nombre de una supuesta seguridad.

La idea de una Europa fuerte, unida y respetuosa con los derechos de sus ciudadanos parece hoy una quimera y se impone el escepticismo, cuando no el rechazo abierto. Sin embargo, quienes crecimos con ese anhelo de una Unión Europea que acabara con los desequilibrios territoriales y las desigualdades sociales para hacer de todos sus habitantes ciudadanos de pleno derecho, nos resistimos a renunciar a una sociedad «en la que imperen los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos», (Constitución Europea). Unas sociedades caracterizadas por el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación.

Nuestros muros, los únicos que desde la Abogacía estamos dispuestos a levantar para frenar la xenofobia y la exclusión que se están instalando en gran parte del mundo, son los muros de los Derechos Humanos, en cuya defensa estamos firmemente comprometidos.

En definitiva, una Abogacía moderna, en igualdad con el resto de los actores jurídicos, que busca la excelencia, con el máximo rigor deontológico, que cambia y se transforma para seguir a sus clientes en un mundo global y que refuerza su función social y su compromiso con los derechos de los ciudadanos y con los derechos humanos.